Ecuador sufrió dos derrames petroleros de gran magnitud que han provocado una crisis ambiental y económica. El primero ocurrió en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una de las principales infraestructuras para la exportación de crudo, que transportaba 360,000 barriles diarios al momento de la rotura. Como resultado, Petroecuador ha estimado pérdidas de aproximadamente 12 millones de dólares debido a la cancelación de exportaciones y los costos asociados a la reparación de la tubería, que requirió la intervención de 450 trabajadores y 90 maquinarias especializadas.
El segundo derrame tuvo lugar en la provincia de Orellana, donde el crudo se extendió a lo largo del río Coca, afectando a 32 comunidades indígenas waoranis. El Ministerio de Ambiente ha reportado la muerte de 1,200 peces y la contaminación de 8 kilómetros de fuentes hídricas esenciales para la vida de los pobladores locales. Para mitigar el impacto, se desplegaron 2,500 barreras de contención y brigadas ambientales están trabajando en la descontaminación del área, aunque los daños a la biodiversidad podrían ser irreversibles.
La legislación ecuatoriana, a través de la Ley de Hidrocarburos, establece multas de hasta 10 millones de dólares por daños ambientales ocasionados por la industria petrolera. Sin embargo, casos anteriores, como el desastre ambiental conocido como el “Chernobyl amazónico” en 2011, han demostrado la dificultad de hacer cumplir sanciones a grandes corporaciones. Chevron, la empresa responsable de aquel derrame, aún no ha pagado los 9,500 millones de dólares de indemnización impuestos por la justicia ecuatoriana.
